Según Amnistía Internacional, la mortalidad materna en Perú constituye una violación a los derechos humanos.
El informe, titulado Deficiencias fatales. Las barreras a la salud materna en Perú, examina los altos índices de mortalidad materna entre las mujeres pobres e indígenas del medio rural peruano y evalúa el impacto de las últimas políticas adoptadas por el gobierno para hacer frente al problema.
Perú presenta uno de los índices de mortalidad materna más elevados de todo el continente americano. Según datos oficiales, por cada 100.000 nacidos vivos en Perú mueren 185 mujeres. Las Naciones Unidas señalan un número aún mayor, 240. La mayoría de esas mujeres son campesinas, pobres e indígenas.
“Los índices de mortalidad materna en Perú son escandalosos –afirmó Silvia Loli , directora de Amnistía Internacional en el Perú–. La muerte de tantas mujeres por causas prevenibles constituye una violación de derechos humanos. El Estado peruano sencillamente está incumpliendo su obligación de proporcionar asistencia médica materna a todas las mujeres, al margen de quienes sean y el lugar en donde vivan.”
En su informe, Amnistía Internacional pone de relieve que en Perú mueren mujeres embarazadas debido a las dificultades que han de superar: falta de acceso a atención obstétrica de urgencia, falta de información sobre salud materna y falta de personal del servicio de salud que sepa hablar en lengua indígena.
Según el censo de comunidades indígenas de 2007, prácticamente el 60 por ciento de las comunidades que abarcaba el censo no tenía acceso a un centro de salud.
Amnistía Internacional concluye en su informe que, si bien el número de casas de espera supera ya el triple de las que había hace ocho años, sólo la mitad están ubicadas en zonas rurales, donde más necesidad tienen las mujeres de asistencia obstétrica de emergencia.
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